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Las MiPyMEs en riesgo, por su personal.

A nadie escapa que las estadísticas y la realidad informan que el “trabajo en negro” es un alto porcentaje en la economía nacional, y en especial en las MiPyMEs.  Lo que no se dice claramente, es cual es el riesgo por actuar así.  Intentaremos resumirlo, en forma general, ya que hay situaciones particulares más riesgosas aún.

Ante todo la definición de empresas PyME está dada por distintas normas, entre ellas la Resolución Nº675/2002 modificada, solo en la construcción por la Resolución Nº303/2004 de la subsecretaría PyME a nivel nacional, cuyo cuadro publicamos en nuestro sitio Web.  Básicamente, la norma indica que es empresa micro, una pequeña y una mediana, en base a ciertos rangos de facturación, de acuerdo con su principal rubro de actividad. Así tenemos el siguiente cuadro oficial. Desde ya, hay otros parámetros, pero citamos éste, tan solo para ubicarnos bien en que contexto está lo referenciado este artículo.

 

TAMAÑO/SECTOR

AGROPECUARIO

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA- MINERÍA

COMERCIO

SERVICIOS

MICROEMPRESA

        $ 270.000

        $400.000

               $ 900.000

  $ 1.800.000

    $ 450.000

PEQUEÑA EMPRESA

     $ 1.800.000

   $25.500.000

            $ 5.400.000

$ 10.800.000

 $ 3.240.000

MEDIANA EMPRESA

   $ 10.800.000

   $20.000.000

          $ 43.200.000

$ 86.400.000

$ 21.600.000

El “trabajo no registrado” es un mal que tiene la economía argentina desde hace décadas, y su razón económica es primordial, ya que muchos empresarios prefieren “arriesgarse” para ganar más, o simplemente para mantener su empresa, en otros casos, en base a un “ahorro” inmediato que con el tiempo no lo será.  Lo que no tienen bien calculado, es cuánto les puede costar ese riego.  Esto lo decimos por nuestra experiencia, también de décadas en el aspecto previsional, liquidando sueldos, asesorando MiPyMEs, y realizando peritajes judiciales, muchos de ellos en Tribunales de Trabajo. Gran cantidad de abogados tienen como principal rubro de su actuación profesional, la querella previsional, tanto que se los distingue como abogados laboralistas.  El gobierno, periódicamente, hace un llamado de atención a los empleadores en general, sobre que va a controlar mejor la relación empleador-empleado, y esporádicamente logra su cometido, pero nunca se ha erradicado, a pesar de la gran cantidad de leyes, decretos y normas previsionales que se han dictado en el país, principalmente desde mediados de los años 40.  Todo esto es parte de la realidad, y solo se cita parte de ella.  Nada se ha descubierto de nuevo.  Solo siguiendo lo publicado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) sabemos que el 52% de los empleados en relación de dependencia en la Argentina, del sector privado, trabaja “en negro”.

 La problemática del trabajo en negro se puede analizar desde algunos los siguientes puntos de vista:

- Legal: Todos saben tanto el empleador como el empleado, que un trabajador y el empleador que lo toma, deben estar debidamente registrados.  Hay sanciones muy claras al respecto, si no lo están.

- Económica: Ambas partes, empleado y empleador deben aportar “al sistema” y eso tiene un costo real de ambas partes.  Como los sueldos no son altos, en muchos casos, esa diferencia se torna importante para el bolsillo de cada uno, y permite preferir tener trabajo no registrado a no tenerlo, o pretender “ganar más” ahora, aunque el riesgo exista.  El movimiento de fondos que genera el pago al personal "en negro" podría verse incluido en el concepto de operaciones sospechosas, lo cual traería aparejada la aplicación de la Ley antilavado.

- Médico: Un trabajador no registrado, o un empleador no registrado, incluso que no esté al día con sus aportes puede generar problemas menores, en la atención de su obra social sindical, y mayores en caso de accidentes de trabajo. Pero no olvidemos que el empleado no está solo, y que todos estos beneficios laborales se extienden a su familia directa.

- Social o moral: Todos conocen su responsabilidad en el aspecto laboral, en mejor o peor medida, pero la conocen.  No hacer lo que corresponde a sabiendas de que está mal, es fomentar un delito social, y eso lastima a ellos y a la sociedad, disminuyendo los ingresos del “sistema previsional” a costa de engrosar los ingresos individuales.  Aquí se incluye la responsabilidad empresaria, tan de moda actualmente, pero también está inserta la responsabilidad del empleado que “necesita” del trabajo que antes no tenía.  Una verdadera encrucijada.

- Empresario: Una empresa con personal “en negro” no puede pretender crecer y desarrollarse como tal, compitiendo con el mercado global, mejorando su eficiencia, exportando o brindando servicios a grandes empresas. Recuerden que la calidad de la empresa se ve por la calidad de sus empleados.  Por otro lado, la grandes empresas están logrando certificaciones ISO 9001:2000 y SA 8000(Social Accountability), que no solo los obligan a ellos a requerir las debidas inscripciones de sus proveedores, sino que la Ley los hace co-responsables en la mayoría de los casos.

- Cobertura en accidentes: Una empresa con personal "en negro" no puede pretender que la ART cubra los accidentes de ese empleado, y deberá hacer frente a todos los gastos médicos derivados del accidente y a las indemnizaciones por incapacidades remanentes.  Además hay multas de la Superintendencia de ART para los empleadores cobertura en la Ley de Riesgos del Trabajo. El empleado puede reclamar un "daño moral" consecuente, con lo cual el monto a abonarle seguramente superará los $50.000.-, como mínimo.

Lo expuesto tampoco es gran novedad, pero es necesario ordenar los pensamientos antes de entrar a los detalles, para comprender mejor lo que ahora viene, el costo de tener que solucionar la detección de personal en negro.  No por ello, debemos olvidar los puntos detallados más arriba, los cuales deben ser analizados a fondo, cada uno de ellos, y cuantificarlos monetariamente.

Los objetivos empresarios se deberán adecuar a todo lo mencionado antes, y en función de los costos económicos que a continuación se detallan. Estos cálculos se realizan en forma global, en forma generalizada, pues son muchos los casos en que las bases de cálculos y las  normas cambian, en general incrementándose.  Además, hay que considerar que hay normas que han sido modificadas y/o derogadas, en función de la fecha de ingreso y egreso, que se establezcan, pueden aplicarse o no.  Finalmente, tener una idea aproximada del costo del riesgo de contratar personal en negro, es uno de los objetivos del presente artículo.  En ningún momento se intenta establecer una regla o un monto de riesgo uniforme, ya que cada caso hay que analizarlo puntualmente, y proceder en consecuencia, de acuerdo a él.

El ya citado IDESA informa además que en las empresas entre 9 y 25 empleados, el salario promedio con personal “en blanco” es de $900.- y las de personal “en negro” es de $454,00  A esto hay que decir que en muchos casos se lo llama trabajo precario, por el monto de su sueldo y por estar no registrado.  Estos números incluyen el aumento del Decreto Nº 2005/04, pero no los aumentos de mediados de este año, con la firma de los nuevos CCT (Convenios Colectivos de Trabajo), todo lo cual, a priori, aumentaría la diferencia entre personal registrado y el no registrado.

Para finalizar de citar al panorama general, no olvidemos que la presión impositiva a la ciudadanía en general, se ha incrementado a valores récord, en el último medio siglo.  No se han anulado impuestos distorsivos que se implantaron por emergencia, como el impuesto al cheque, o disminuido las alícuotas de Ingresos Brutos que es más caro que el IVA, no se han adecuado los mínimos de los impuestos a las ganancias, y sobre los bienes personales, que aún mantienen el número de la época de $1 = u$s1, cuando ahora los precios son entre dos y tres veces mayores, y los sueldos también, aunque en menor medida.  Y sabe que, todo se relaciona.

IDESA además informa que el promedio de las demandas laborales supera el valor de $80.000.-, y generalmente es un solo empleado el que hace la demanda. También sabemos que en cada departamento judicial, los valores varían.  Que algunos de ellos tienen etapas de mediación donde es más sencillo disminuir esos montos, y en los que no hay mediación, muchas veces las demandas son muy menores, pero un simple despido difícilmente baje los $8.000.- individuales, por un simple despido no controvertido, y sin adicionales.  Desde ya, también es muy difícil que una empresa que decide tener personal “en negro” tenga uno solo, y normalmente cuando uno de ellos hace juicio, los demás harán lo mismo, con lo cual estos valores siempre hay que multiplicarlos varias veces.

Los conceptos que se pueden reclamar por la parte del empleado son: Indemnizaciones por antigüedad, por falta de despido, sus recargos, el SAC, las vacaciones no gozadas, diferencias de salarios, integración del mes de despido, multas legales por omisiones del empleador, y algunos conceptos menores adicionales.  Pero también el Estado puede cobrar sus acreencias en base al descubrimiento de personal no registrado, como multas especiales al empleador por tener personal no registrado, multas por no estar o no tener libro de sueldos (Art 52 LCT), multas por no tener contrato de ART, multas no por no estar inscripto en la Obra Social, multas previsionales que puede liquidar la AFIP-DGI de la cual depende la ANSeS, todo ello con más tasas de justicia,  honorarios de abogados y peritos, si hubo juicio iniciado, aunque se llegue a un acuerdo de partes.  Un llamado de atención aquí, ya que muchas de estas multas se liquidan sobre la base de la nómina salarial total, a la cual se le adicionan los salarios del personal no declarado detectado por la AFIP-DGI o por terceros que se lo notifiquen.

No podemos obviar la información oficial donde estadísticamente se registra que el 52% de la fuerza activa del país “no está registrada”, o sea, “en negro”.  Podríamos decir que este valor incluye el desempleo, pero de todas maneras, indica que el riesgo de los empleadores que contratan personal y no lo declaran en muy significativo, fácil de detectar, y que está en la mira del gobierno.  Finalmente tengamos presente que a partir del 01/07/05 rige un nuevo modelo de registración, vía Internet, de los empleados, lo cual provocará no pocos problemas, pero que a corto plazo mejorará la información del Estado, y le facilitará la detección de personal no declarado.

Dr. Jorge E. SOSA GONZÁLEZ. Derecho de Autor s/ Reg. Prop. Intelectual Nº 171.055. 16/07/05. Publicado en el EIC MAGAZINE Nº 134.

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